El equipo de Podemos ha remitido una carta al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, instándolo a condenar las sanciones impuestas por la Administración Trump contra el régimen de La Habana. El gesto no sorprende, dado que forma parte de una larga tradición de indulgencia selectiva hacia las dictaduras que se autodefinen como «de izquierdas». Pedir coherencia a ese grupo político en declive es, a estas alturas, como esperar manzanas de un olivo.

El mismo espacio político que relativizó las motivaciones de las protestas en Irán parece ignorar que hoy hay más de mil presos políticos en las cárceles cubanas, mujeres muchas de ellos. Entre marzo de 2024 y marzo de 2025, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró al menos 60 muertes bajo custodia del Estado. También en 2025, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, curiosamente con sede en Madrid, contabilizó 3.179 acciones represivas del régimen y estimó que hacia finales de ese año el 89 % de la población cubana vivía en situación de pobreza extrema. Datos hay y están al alcance de la voluntad política y la decencia.

No consta que Podemos haya considerado necesario interpelar al Gobierno español para condenar estos hechos, exigir responsabilidades o condicionar la relación bilateral al respeto mínimo de los derechos humanos. La vara de medir, una vez más, no es la dignidad humana, sino la afinidad ideológica.

Conviene recordar, además, que Cuba —país al que emigraron cientos de miles de españoles en la primera mitad del siglo XX buscando prosperidad— no está hundida en la miseria actual por culpa de un embargo convertido en explicación universal. El embargo es una respuesta concreta a las expropiaciones sin compensación tras 1959 y se ha mantenido, entre otras razones, por la política abiertamente hostil del régimen cubano hacia Estados Unidos, como aliado estratégico de la Unión Soviética y como participante activo en múltiples aventuras militares y subversivas, incluidas relaciones probadas con organizaciones terroristas como ETA.

Pero incluso dejando de lado ese contexto, el argumento no se sostiene. El modelo económico aplicado en Cuba ha fracasado en todos los lugares donde se ha implantado, con o sin sanciones. Fracasó en la Unión Soviética —que era, literalmente, medio mundo—; fracasó en China, lo que motivo las reformas de Deng Xiaoping; fracasó en Venezuela, pese a ser un país obscenamente rico, y ha fracasado en Cuba por las mismas razones: no puede funcionar un sistema que elimina la propiedad privada, destruye los incentivos, limita la libertad, ataca la individualidad, concentra el poder y convierte la obediencia en virtud suprema.

Cuba es pobre no por Washington, sino por Fidel Castro y la élite que lo sucedió, una casta que ha expulsado al exilio a millones de cubanos y exportado su modelo fallido a países otrora prósperos.

La cuestión sería menos grave si la indulgencia de la izquierda española fuera solo retórica, pero no lo es, tiene consecuencias muy concretas. En 2025, España concedió cero residencias por razones humanitarias a ciudadanos cubanos, mientras otorgó más de 56.000 a venezolanos, según datos del Ministerio del Interior. La diferencia no se explica por la ausencia de represión en Cuba, sino por la comodidad política de mirar hacia otro lado.

A ello se suma el Programa de Conversión de Deuda acordado entre Madrid y La Habana en julio pasado, destinado a movilizar hasta 375 millones de euros para proyectos en energía, agua o seguridad alimentaria. Ni un euro está vinculado a avances en democracia o derechos humanos. Y si hiciera falta un símbolo, la firma cubana corrió a cargo de Óscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro y actual viceprimer ministro. Difícil encontrar una imagen más elocuente de continuidad dinástica financiada con fondos europeos.

Todo ello resulta especialmente doloroso si se considera la cercanía histórica, humana y espiritual entre España y Cuba. En enero de 2025 vivían en este país más de 88.000 ciudadanos cubanos y más de 250.000 personas nacidas en la Isla, muchas exiliadas por motivos políticos. Por supuesto, la opinión de estas personas, ni la de los cientos de miles que han denunciado la dictadura identificándose incluso como militantes de izquierda, no cuenta para Podemos. Son «fachas», como todo aquel que no recite su credo sin saltarse una coma.

En un escenario de transición democrática, España debería haber sido mediador preferente y actor protagonista. Habría protegido, además, sus intereses económicos y contribuido a cimentar una relación futura basada en el reconocimiento y la gratitud.

Quizás si la izquierda hiciera un balance honesto del coste político y moral que ha pagado por alinearse con dictaduras, comprendería su propio declive. La selección arbitraria de qué tiranías merecen condena y cuáles indulgencia ha erosionado su credibilidad ética y —a Dios gracias— también su respaldo electoral.

Como víctima directa de la represión de una dictadura, no relativizo ninguna. No todas han causado el mismo número de muertos ni igual grado de destrucción económica; pero todas, sin excepción, han atacado la dignidad humana, valor esencial intrínseco, inalienable y común a cada persona. La cuestión no admite excusas ideológicas, pues se resume en la dicotomía entre dictadura contra democracia. Conviene aprender de los errores de la izquierda: alinearse con regímenes que reprimen y empobrecen a sus pueblos, pasados y presentes, es moralmente reprobable y políticamente suicida. En ese empeño, para Podemos, «más se perdió en Cuba».